"Maniobra de distracción"

La Asociación Profesional TRIBUNA, que agrupa y defiende los intereses profesionales de funcionarios del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias, quiere expresar su apoyo al Jefe del Servicio de Infancia, a la vez que su indignación y estupor ante la forma en que el Gobierno asturiano ha decidido gestionar y comunicar lo sucedido en torno al posible traslado de un recurso de acogida de menores a un inmueble del paseo de La Florida, en Oviedo.

Resulta difícilmente comprensible que sea el propio Gobierno autonómico quien difunda una nota de prensa anunciando la apertura de una investigación interna y la remisión del expediente al Ministerio Fiscal y, al mismo tiempo, introduzca expresamente en esa comunicación la existencia de una relación familiar entre el jefe del Servicio de Infancia y una persona vinculada con la propiedad del inmueble.

Esa mención permite identificar al funcionario afectado y lo sitúa directamente bajo el foco de la opinión pública, proyectando sobre él una sombra de sospecha antes de que se haya determinado la existencia de irregularidad alguna y sin que haya tenido posibilidad de explicar su intervención en el procedimiento o defender su actuación profesional.

TRIBUNA considera que esta forma de proceder constituye una maniobra de distracción con la que se pretende desplazar hacia un empleado público el foco de la responsabilidad política, precisamente en un momento especialmente delicado para la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y para el conjunto de la sociedad española, inmersa en una grave crisis humanitaria y migratoria tras la entrada masiva de personas en Ceuta. Muestra de ello es que, mientras se somete este asunto al juicio de la opinión pública, en la Junta General se debaten normas con un verdadero impacto sobre la sociedad asturiana y sobre los recursos públicos, como la modificación de la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales; sin embargo, nadie parece haber reparado en ello.

No cuestionamos que la Administración investigue cualquier actuación cuando existan dudas técnicas o jurídicas. Tampoco nos oponemos a que se remita documentación al Ministerio Fiscal si se considera procedente. Lo que rechazamos de manera rotunda es que la transparencia se confunda con la exposición pública de un funcionario y que la legítima comprobación de unos hechos se convierta en un juicio paralelo a través de los medios de comunicación.

Es completamente indigno que un Gobierno utilice a uno de sus empleados públicos como parapeto, lo instrumentalice y lo arroje al ruedo político y mediático para eludir o diluir las responsabilidades que corresponden a quienes ostentan la dirección de la Administración.

Los funcionarios públicos —y, en particular, quienes pertenecemos al Cuerpo Superior de Administración— no somos altos cargos ni responsables políticos. No fijamos las prioridades del Gobierno, no decidimos su estrategia y no adoptamos las decisiones políticas. Desarrollamos funciones técnicas y administrativas al servicio de la ciudadanía y bajo la dirección de los órganos superiores y directivos de la Administración, con independencia del signo político de quien gobierne.

Nuestra actuación se integra en una estructura jerárquica. Informamos, proponemos y tramitamos dentro del ámbito de nuestras competencias, pero las decisiones corresponden a los órganos que tienen legalmente atribuida esa responsabilidad. El superior inmediato de una jefatura de servicio es la correspondiente dirección general, sin que la ausencia de quien la ocupa pueda servir para alterar esa distribución de responsabilidades ni para dejar desprotegidos a los empleados públicos que dependen de ella.

La transparencia institucional exige investigar los hechos, determinar quién tenía capacidad real de decisión y asumir, en su caso, las correspondientes responsabilidades. No consiste en señalar preventivamente a un empleado público ni en ofrecer su nombre —directa o indirectamente— al escrutinio de los medios, de las redes sociales y de la confrontación partidista.

Hoy se ha expuesto a un jefe de servicio. Mañana podría hacerse lo mismo con cualquier empleado público que haya intervenido técnicamente en un expediente controvertido.

Por eso, ante la exposición pública de un compañero y en defensa de la profesionalidad, la independencia y la dignidad de todos los servidores públicos, TRIBUNA expresa su firme apoyo al jefe del Servicio de Infancia.